La respuesta más breve: lo matarían.
En México, el periodismo es un oficio de alto riesgo. No se trata de ninguna novedad ni tampoco hace falta acudir a las cifras para saberlo, pero para los más escépticos, los datos hablan por sí mismos: en el primer semestre del año en curso, se registraron 276 agresiones contra la prensa, un promedio de 1.5 diarias. Tales cifras hacen de México, el país más letal del mundo para ejercer el periodismo, incluso sobre naciones como Siria o Irak, ambas con un conflicto bélico declarado de por medio.
Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla como recibir una descarga de plomo en la cabeza. Una filtración de información pública de importancia similar a la que realizó Edward Snowden, exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el potencial para poner en aprietos la credibilidad de todos los órdenes de gobierno, acarrearía como primer paso la censura.
35 periodistas han sido asesinados en México durante la gestión de Enrique Peña Nieto, iniciada en diciembre de 2012.
En caso de que tales medidas no fueran suficientes, la persecución y el acoso serían el siguiente paso, sobre todo si el comunicador en turno se mantuviera firme en sus convicciones: llamadas telefónicas, mensajes intimidatorios, amenazas veladas y la intervención de las comunicaciones personales son parte del modus operandi extrajudicial que se repite sistemáticamente en los casos más graves de persecución a periodistas. Todo, con la intención de generar miedo y silenciar el trabajo de la prensa.
Con toda seguridad, un periodista mexicano no gozaría de la misma suerte que acompañó a Snowden al escapar de los Estados Unidos. Sería acosado y perseguido por órdenes extrajudiciales, especialmente si la información que posee estuviera relacionada con corrupción, política, seguridad, justicia o movimientos sociales; los rubros más riesgosos por el tipo de cobertura.
50.7 % de las 276 agresiones registradas a periodistas en el primer semestre de 2017 fueron cometidas por funcionarios públicos.
No habría solidaridad internacional a gran escala ni producciones cinematográficas que pretendan contar la historia de un hombre que decidió compartir información privilegiada de interés público. Ningún presidente haría declaraciones en su contra, mucho menos a su favor. Ante las contadas voces críticas y de colegas de profesión, el silencio provocado por el miedo se impondría una vez más y el agotado discurso de “castigar con todo el peso de la ley a los culpables” se desvanecería de la misma forma que la libertad de prensa en el país donde el periodismo crítico se paga con sangre y fuego.
