El diario norteamericano The New York Times (NYT) sentenció en un editorial que en México denuncian a periodistas como un mecanismo para silenciar las voces críticas y frenar los testimonios de corrupción que involucran a funcionarios.
LA VISIÓN DEL DIARIO
Para cesar la crisis de confianza y credibilidad por la que atraviesa el presidente Enrique Peña Nieto, en un documento titulado “Demandando a Periodistas en México”, NYT asegura que aunque el gobierno ya aprobó la Ley Anticorrupción, la única forma de hacerla valer y de dar a conocer los casos que se quieran enjuiciar es precisamente mediante el ejercicio periodístico.
Para lograrlo, se debe dificultar el proceso que permite que, tras la denuncia de casos ilegales o corruptos que involucren a funcionarios mexicanos en ese tipo de trabajos, los involucrados puedan ampararse y denunciar por difamación.
Estas demandas afectan negativamente al periodismo crítico y de investigación que se hace (o que se pretende hacer). Sólo así se logrará erradicar la “cultura del amiguismo” y los sobornos gubernamentales que hasta ahora imperan en el país.
SOBRE LAS DISCULPAS DE EPN
Como un caso emblemático de las denuncias hechas por periodistas mexicanos contra funcionarios expone el caso de la “Casa Blanca”, sacado a la luz por el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui y que reveló que la esposa de Peña Nieto obtuvo beneficios inmobiliarios para adquirir dicha propiedad.
No es suficiente que el mandatario haya ofrecido una disculpa pública tras la exposición de los hechos corruptivos.
“El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio”, afirma NYT.
LOS CASOS DE PERIODISTAS
Aunque la lista asciende a 10 periodistas demandados, según la Organización de Estados Americanos, el rotativo ejemplifica dos casos: Carmen Aristegui y Sergio Aguayo.
En el primer caso, tras la denuncia que hizo con su equipo de investigación de la “Casa Blanca” en el 2014 (que denuncia la construcción de una millonaria mansión por una empresa que se beneficiaba de contratos gubernamentales), el ex director del medio donde fue presentada la demandó por “daño moral”.
Javier Morales, dueño de la cadena MVS Comunicaciones se negó rotundamente a presentar el trabajo periodístico y demandó a la periodista porque supuestamente le adjudicó falsedades y diversos calificativos en el prólogo del libro que reúne toda la información del caso, además de alimentar con mentiras “su fantasiosa tesis” tras abandonar MVS.
En segundo lugar, exponen el caso del periodista Sergio Aguayo, que también fue demandado por el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira tras un artículo que publicó denunciando actividades corruptas en las que el gobernador se había visto involucrado (lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada).
Moreira demandó por daño moral y exigió una indemnización por 10 millones de pesos y una disculpa pública, porque Aguayo aseguró que el ex gobernador desprendía “el hedor corrupto” y eso lo lastimó emocionalmente.
La demanda se presentó y aprobó el pasado junio por el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Los casos y los ejemplos que emplea el medio norteamericano comprueban que aunque se creen nuevas leyes y sistemas que pretendan frenar la corrupción en el país, si no cesan las demandas y persecuciones contra periodistas y comunicólogos que los denuncien jamás se podrá recuperar la confianza y mucho menos erradicar la crisis de Derechos Humanos y de libertad de expresión por la que atraviesa el país.
*Con información de: Sin Embargo, Proceso.
