La policía federal mexicana detuvo el sábado 14 de enero al exmilitar hondureño Javier Hernández Rodríguez, sospechoso de haber participado en el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, el 3 de marzo del 2016.
Hernández Rodríguez, de 26 años de edad, fue detenido mientras trabajaba en una barbería ubicada en la ciudad de Reynosa, estado de Tamaulipas, en el norte de México, gracias a un operativo conjunto de la Policía Federal, el ejército mexicano y el Instituto Nacional de Migración.La Comisión Nacional de Seguridad de México emitió un comunicado de prensa en el que detalló que la detención del sospechoso del asesinato de Berta Cáceres se realizó “en cumplimiento de una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Honduras”, para que sea el gobierno de ese país el encargado de continuar con las investigaciones del caso.Berta Cáceres defendió los derechos de la comunidad lenca, la mayor etnia indígena de Honduras. El gobierno del mismo país y la empresa privada hondureña Desarrollos Energéticos (DESA) pretendían construir una hidroeléctrica en el río Gualcarque, un lugar sagrado para los indígenas y del que depende su sobrevivencia.
La lucha de la activista logró poner los reflectores mundiales en Honduras y echar para atrás las intenciones de invertir en ese proyecto.
Berta soportó amenazas de ser golpeada, violada, de secuestrar a su madre y a sus hijos. Organismos internacionales pidieron al gobierno hondureño medidas para protegerla, a ella y a los activistas ambientales del país. Sin embargo, las supuestas medidas no fueron suficientes.
El 3 de marzo un grupo de personas armadas entraron a su casa y la asesinaron.Aunque en un principio se manejó la versión de que el crimen había tenido como móvil un asalto, Gustavo Castro, activista ambiental de origen mexicano, quien se encontraba en el cuarto contiguo de donde ocurrió el asesinato y a quien los criminales creyeron haber matado, ha sido pieza clave para las investigaciones.La Agencia de Investigación de Honduras ha capturado hasta el momento a ocho personas implicadas en el crimen, entre ellos un exmilitar hondureño y un funcionario de la empresa DESA, sin embargo la familia de Cáceres y Gustavo Castro insisten en que las autoridades también deben detener a las personas que ocupan los altos cargos en la empresa que pretendía construir la hidroeléctrica.
Además, Castro denunció este lunes en una rueda de prensa que la Fiscalía de Honduras no ha solicitado su colaboración para reconocer a uno de los autores materiales del crimen, el cual se encuentra entre los ocho detenidos y que él, al ser el único testigo, pudo ver en plenitud.
“Es una prueba de que no quieren que yo colabore en este proceso judicial”, declaró. “Mi testimonio podría evitar bastante impunidad en el proceso”.
Por su parte, Miguel Ángel de los Santos, uno de los abogados de Castro, dijo que si la fiscalía no llama a declarar a su cliente, buscarán la forma de que su declaración se dé de forma voluntaria para contribuir a revelar la verdad.
Con al menos 114 activistas ambientales asesinados entre 2010 y 2016, Honduras se coloca como el país más peligroso para los ecologistas. Aunque este número lo reporta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización internacional Global Witness, defensora de derechos ambientales, afirma que la cifra podría ser mayor por todos los casos que no son denunciados ante las autoridades ni reciben cobertura de medios locales ni internacionales.
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