Hace cuatro años, en agosto de 2017, comenzó la más reciente lucha de Loren Daniel: la de averiguar por qué la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), institución en la que estudió y en la que llevaba trabajando desde 2015, decidió despedirlo apenas unos meses después de que él les notificara, en febrero, sobre su cambio de identidad sexogenérica. Con el correr del tiempo, la lucha pasó a ser también para que su caso sea reconocido como uno de violencia transfóbica, pues a pesar de haber sido corrido sin motivo justificado y de haber sido malgenerizado en múltiples ocasiones por parte de la institución, ni la Universidad ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni la Fiscalía de Justicia del estado han reconocido que el docente ha enfrentado discriminación por motivos de género.
El derecho a una justicia pronta es de difícil acceso particularmente para las personas trans en México, un país en el que apenas la mitad de su territorio permite el cambio de identidad sexogenérica mediante trámite administrativo, un país en el no se cuenta con cifras oficiales sobre estas poblaciones ni sobre el número de crímenes de odio en su contra, aunque algo está claro: gracias al trabajo de ONGs y Asociaciones Civiles, sabemos que se trata del segundo país con más transfeminicidios en el mundo. Sin embargo, poco se habla de la violencia en contra de los hombres trans que, como en el caso de Loren, le ha complicado incluso que las autoridades reconozcan su situación como una de violencia por motivos de género.
“Batallé para que ingresaran mi queja porque decían que no se trataba de violencia de género porque yo era un hombre y nada más las mujeres reciben violencia de género; tuve que explicar también por qué las personas trans podemos recibir violencia de género”, narra Loren en entrevista con Cultura Colectiva. “Y ya que metieron mi queja, dijeron que la transfobia no es violencia de género”, agrega el docente sobre la respuesta que recibió por parte de la Unidad para la Igualdad de Género, presidida por la doctora María Luisa Martínez Sánchez, quien en un documento enviado al docente asegura que “no se encontraron elementos que sostuvieran la existencia de situaciones relacionadas con violencia de género”.
Al recibir dicha respuesta por parte de las autoridades de su alma máter, Loren decidió acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida entonces por la licenciada Sofía Velasco Becerra y actualmente por la doctora Olga Susana Méndez Arellano. Pero la respuesta y acciones por parte de la dependencia no han sido precisamente las que él imaginó.
“La comisión sólo me ha dicho por escrito que está investigando, pero no me ha dicho qué sale de esta investigación; la única retroalimentación que me ha dado es decirme que la Universidad con ellos se ha portado muy bien y que por qué no hago una conciliación”, comenta Loren con incredulidad.
“Las personas que tendrían que defenderme como víctima y que fueron quienes no pusieron unas medidas precautorias desde el inicio son las mismas que me dicen que quienes fueron y siguen siendo mis agresoras están tratando muy bien el tema y están siendo muy civiles con ellos, cuando a mí no me han contestado en cuatro años”, agrega.
María Romero, abogada de Loren y coordinadora jurídica del caso desde hace cuatro años, lamenta la permanente negativa de la UANL al diálogo, tanto durante la administración del anterior rector, Rogelio Garza, como del actual, Santos Guzmán. Pero lo más grave, nos dice la también egresada de dicha institución, es que “al día de hoy para nadie es discriminación más que para quienes estamos ahí”, algo que le resulta inaudito en tanto hay pruebas en poder de la CEDH y de la Fiscalía en las que se muestra cómo los pases de salida de Loren eran tachados para colocar el nombre anterior.
“Es de las fotos más tangibles que tenemos. Justo así inicia el caso de Loren, él al inicio sólo pedía que no se le hiciera eso, que no se le siguiera hablando en femenino, él ya había rectificado sus datos en Ciudad de México”, señala la abogada, quien también compartió con Cultura Colectiva un PDF emitido por la Universidad y firmado por el director de la Facultad de Psicología, Álvaro Antonio Ascary Aguillón Ramírez, en el que se argumenta ante la CEDH que la negativa a dar continuidad a las cátedras impartidas por el docente se debe a que sus títulos universitarios no correspondían con su actual identidad de género.
“El propio director en la respuesta a CEDH dijo que ya que Loren no tenía títulos no podía seguir dando clase porque sería una zozobra para la Universidad, cuando los títulos los tiene, estaban sin rectificar, al día de hoy ya están rectificados, pero esa respuesta es completamente discriminatoria y esa información la tiene la CEDH”, apunta Romero.
En el mismo PDF, Aguillón afirma que de contratarse a Loren, esto implicaría “un fraude académico, siendo impactados además los educandos de esta institución, puesto que implicaría en el mismo sentido una satisfacción personal, pero en el mismo orden una afectación general (sic)”, y agrega: “de lo revisado se desprende que el quejoso al exigir un derecho pretende conculcar los derechos de los estudiantes que quedarían en zozobra académica al someterse a lo reclamado”.
Cultura Colectiva buscó la postura de Mario Emilio Gutierrez Caballero, abogado general de la UANL, así como de María Luisa Martínez, titular de Uniigénero, sin encontrar respuesta.
Lejos de que su queja ante la CEDH resultara en el reconocimiento de la discriminación que estaba enfrentando y en la restitución de su puesto como docente, la notificación que la dependencia hizo a la Universidad desembocó en que la institución despidiera a Loren en marzo de 2018, ahora como personal administrativo.
“Cuando la Comisión le avisó a la Facultad que yo estaba poniendo una queja contra ellos, en ese momento me despidieron (…) fue el 16 de marzo de 2018”, recuerda Loren, quien a partir de ello decidió llevar su caso a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, donde las cosas no han sido muy diferentes que con la CEDH y la Uniigénero.
“El fiscal (Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez) está renuente”, sostiene la abogada. “Hay tres delitos que se denunciaron: injuria, discriminación y lesión emocional, (pero) citan al director (Aguillón Ramírez) y dice que él no discriminó, así que el fiscal dice que no discriminó y que no hay elementos. Se trata básicamente de lo que enfrenta la gente en muchos casos en las denuncias penales, que primero todavía tienen que convencer a la fiscalía de que existe el delito y luego poder avanzar”.
Sin que ninguna de las autoridades en la materia le diera solución a su caso, Loren Daniel decidió iniciar el pasado 17 de agosto un plantón frente a la UANL a manera de protesta. Pero lejos de obtener comunicación y un diálogo abierto con el anterior y el actual rector, lo que ha recibido, sostiene el docente, es amedrentamiento y vulneración a sus derechos humanos. Las acciones en su contra han ido desde “no dejarnos que nos conectemos a internet hasta cortarnos la luz, el agua, negarnos el paso a los baños y una constante intimidación por parte de los guardias”, señala.
El hecho de que el caso de Loren se haya vuelto conocido en la Universidad ha provocado que ahora las demandas vayan más allá de la petición de una disculpa pública, el reconocimiento de la discriminación por motivos de género y la restitución en sus cargos, pues más personas se han acercado con el docente para compartir sus propios episodios de violencia y discriminación.
“Mii caso fue la razón inicial del plantón, pero ahorita ya son muchas personas que han venido a contarnos su caso de acoso, de hostigamiento, de discriminación, ya sea siendo parte de la comunidad LGBT o mujeres alumnas, y lo que estamos pidiendo es un diálogo abierto público con el rector y la directora de Uniigénero para que se empiece a atender todas las quejas de violecia de género y acoso, no nada más la mía sino todas las que están pendientes”, comenta Loren.
Su abogada agrega que entre las peticiones se encuentran también capacitaciones en materia de violencia de género e identidades trans para todo el personal de la Universidad, así como la actualización de los DSM (Manuales Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales) con que se imparte cátedra en la Facultad de Psicología en la UANL.
“Pedimos que se eliminen los DSM que se utilizan ahí en psicología todavía; anteriormente tenían (las identidades trans) como una patología, entonces hay maestros al día de hoy que siguen usando DSM anteriores y en clase están viendo como una patología el tema trans”, sostiene.
A más de cuatro años de iniciado el caso y con un pronóstico propio de dos años más de resoluciones, María Romero asegura que “la violencia institucional ha sido la más desgastante para todxs los involucradxs”.
