“El sistema jurídico indígena tiene su propia metodología, sus propios valores, principios y forma de operar”.
Esas son las palabras con las que Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas de Centroamérica, explica que comparar la justicia indígena guatemalteca con el sistema jurídico continental podría ser un error.“No debemos pretender que tenga que llenar todos los requisitos del sistema occidental”, expresa el abogado con más de 25 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos durante una entrevista con RT.
Sus declaraciones tienen que ver con la propuesta de modificación del artículo 203 de la Constitución de Guatemala, el cual desconoce cualquier forma de administración de justicia que no provenga de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales.
Sin embargo, el sector empresarial del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, considerada la mayor y más poderosa agrupación patronal de Guatemala, está en contra de que se modifique el artículo debido a que consideran que el sistema jurídico indígena no puede cumplir con los requisitos que tiene el sistema occidental.
“Eso es una falacia”, responde Ramón Cadena. “El sistema occidental tiene fallas: impunidad grave, falta de acceso a la justicia, que sólo alcanza a los que tienen dinero y castiga a quienes no tienen recursos”.Cadena, quien también fue parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, considera que los empresarios atacan esta reforma porque pretenden defender sus intereses económicos relacionados con la explotación de recursos naturales.
“Es la imposición de un modelo económico fundamentado en la libre empresa y saben que los pueblos indígenas hacen una defensa férrea de sus recursos naturales y sus tierras”, explica el abogado.Actualmente el Congreso guatemalteco se encuentra discutiendo la iniciativa que pretende darle un reconocimiento jurídico al sistema de justicia indígena, situación que tendría repercusiones positivas porque los pueblos al fin han podido discutir y analizar sus problemáticas y por consecuencia permitirá que las comunidades indígenas se unan y puedan hacer un frente común para luchar por sus intereses, según explica Ramón Cadena.
El sector empresarial de Guatemala tiene un peso importante en las decisiones que toma el Congreso; anteriormente ya se opusieron a propuestas jurídicas que pretendían beneficiar grupos vulnerables, como las mujeres, personas en situación de pobreza, campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad, además de un marco legal que solucionaría conflictos agrarios como la distribución inequitativa de recursos, la impunidad, la pobreza, el desempleo, la discriminación o el racismo.“Hay una dosis importante de racismo”, dice el abogado en entrevista para RT. “Niegan la realidad que se da en Guatemala, donde el 39.8 por ciento de la población se considera indígena, una cultura diferente a la occidental”.
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