Sudán del Sur, país ubicado en el centro del continente africano, luchó durante más de veinte años con Sudán una cruenta guerra civil y religiosa que dejó decenas de miles de muertos, se encuentra sumida en una crisis que algunos ya han calificado de “genocidio”.
Después de lograr la independencia en 2011, las tensiones entre las cerca de 60 diferentes etnias en Sudán del Sur sólo han incrementado los conflictos étnicos y raciales que comenzaron desde el 2013.
Al menos 50 mil personas han sido asesinadas en los últimos tres años, pero se cree que varios cientos de miles más han muerto de manera extraoficial. El número de desplazados supera los dos millones. Más de un millón y medio se encuentra como refugiado en algún país vecino.
Cerca de 6 millones de habitantes que se mantienen en la nación centroafricana están en riesgo de hambruna. Siete de cada 10 escuelas clausuraron sus actividades desde 2013.
Según la ONU, 67 trabajadores humanitarios murieron en Sudán del Sur en los últimos 5 años.
Las muertes y los abusos a derechos humanos continúan a pesar de que a principios de 2016, los líderes de los Dinke y de los Nuer, las comunidades más importantes del país, habían logrado un “acuerdo de paz” para trabajar en conjunto en un nuevo gobierno de unidad, después de un par de años de inestabilidad en el poder.
En junio los reportes de abusos por parte de la milicia, comandada por el presidente Salva Kiir, en diferentes zonas de Sudán del Sur y los reportes de violaciones sexuales y “matanzas étnicas” llamaron la atención de los organismos internacionales.
Los temores de la comunidad internacional de que un genocidio de gran escala como el ocurrido en Ruanda en 1994, donde más de 800 mil personas fueron asesinadas en una cruenta guerra civil, se están cumpliendo en Sudán del Sur.
Una de las representantes de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proteger los derechos humanos, quien visitó durante 10 días la capital del país para evaluar la situación de Sudán del Sur, dijo que la “cantidad de mujeres y niñas violadas era de tal magnitud que se volvía imposible de medir”.
La ONU fracasó en su intento de detener los abusos.
El comisionado neozelandés David Shearer, nombrado por Ban Ki-moon para “llevar la paz” al país africano, recibió los primeros reportes de la misión la semana pasada. Su primera conclusión, después de hablar con las fuerzas de paz y con sudaneses del sur, es que quizá la violencia llegó a “un punto de no retorno”.
La ONU también fracasó en Nueva York, donde intentó que el Consejo de Seguridad vetara la venta de armas al país. China y Rusia votaron en contra. Ambos países son los principales proveedores de armamento a Sudán del Sur.
Un estudio de la Organización No Gubernamental (ONG) estadounidense Consejo de Relaciones Internacionales, que suele ser conservadora con sus comunicados, dijo que Sudán del Sur se encuentra “a un paso de un genocidio de gran escala”.
Pero el panorama podría empeorar en la realidad, ya que casi todos los organismos y periodistas independientes tuvieron que huir debido a la represión de las autoridades.
A principios de este mes, el periodista Justin Lynch de la agencia Associated Press, fue obligado por el Servicio Nacional de Seguridad a abordar un avión que lo llevó a la vecina Uganda amenazado de muerte en caso de que intentara volver.
El enviado especial era uno de los pocos informantes que permanecía en la zona. Fue uno de los primeros en reportar las matanzas étnicas y las violaciones a los derechos humanos.
Sus reportes eran críticos con el gobierno, pero también con las Naciones Unidas y la pasividad de los cascos ante un ataque militar contra unos obreros que intentaban organizarse.
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