La deportación de Guadalupe García de Rayos, una inmigrante mexicana a quien el expresidente Barack Obama le otorgó una indulgencia que le permitía residir y laborar en los Estados Unidos, es el primer ejemplo de cómo será la aplicación de leyes migratorias en la administración de Donald Trump.
Guadalupe García fue deportada el jueves 9 de febrero a las 10 de la mañana por el cruce fronterizo de Nogales, Arizona, abordo de una camioneta que salió del edificio de ICE, después de que el miércoles los agentes migratorios arrestaron a la mujer mexicana de 35 años de edad.
“Estamos viviendo en una nueva era”, declaró Ray Ybarra, abogado de Guadalupe García tras abandonar el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Una era de guerra contra los migrantes”.
El gobierno de Barack Obama priorizó las deportaciones de migrantes considerados una amenaza para la seguridad pública o nacional de los Estados Unidos; aquellos que tuvieran vínculos con grupos criminales o hubieran cometido crímenes serios o varios delitos menores. Guadalupe Rayos tenía un antecedente ya que en una redada ocurrida en el 2008 presentó documentos falsos que le permitían trabajar en Norteamérica.
La mujer fue condenada a 2 años de libertad condicional y en 2013 un juez ordenó su deportación, sin embargo recibió una indulgencia de Obama porque Guadalupe García no cumplía ninguno de los requisitos para deportarla de forma inmediata, lo que le permitió quedarse en ese país y continuar trabajando.Pero esta indulgencia perdió valor cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que se establece que cualquier migrante indocumentado condenado por cualquier tipo de infracción, incluso quienes no han enfrentado cargos, pero son sospechosos de haber cometido “actos que podrían ser una infracción criminal penable”, deben ser prioridad de deportación.
Desde el 2009, Guadalupe acudía año tras año a las oficinas de la ICE, en Arizona, para una revisión de su caso, le hacían algunas preguntas y salía del lugar caminando para continuar con su vida normal, pero el 8 de febrero la historia cambió; fue arrestada y enviada a México, su país de origen, el cual no visitaba desde hace 20 años.
García abandonó la ciudad de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, cuando tenía 14 años y cruzó la frontera de forma ilegal para llegar a Nogales, Arizona, en donde se casó con un migrante indocumentado mexicano y tuvo dos hijos.
“El único delito que cometió mi mamá fue ir a trabajar para darle una mejor vida a sus hijos”, dijo Jacqueline a medios locales antes de se supiera que su madre iría a México en calidad de deportada.
Guadalupe García tenía miedo de acudir a la reunión anual con el ICE, pero decidió no hacer caso de Carlos García, director del grupo para los derechos migratorios “Puente”, quien le aconsejó faltar a la cita y refugiarse en una iglesia ubicada en el norte de Phoenix, en donde ya viven dos migrantes que enfrentan un proceso de deportación.
“Nunca voy a olvidar esa noche”, declaró Ángel, hijo de Guadalupe, refiriéndose a la noche en la que fue arrestada por presentar documentos falsos. “He vivido con el pavor de perder a mi madre cada día desde entonces”. Y su miedo se cumplió.
Ahora Guadalupe está del otro lado de la frontera, en un país que le resulta desconocido y del que se siente ajena, lejos de sus dos hijos y su esposo, por culpa de las estrictas políticas migratorias de Donald Trump.
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