Además de ser criminalizadas por abortar, las mujeres en Veracruz también se enfrentan a un proceso de “reeducación” como sanción penal para convencerlas de que no actuaron éticamente.
En un hospital público de Veracruz, en marzo del 2015, Patricia Méndez abortó cuando llevaba 20 semanas de embarazo, los doctores la ignoraron y se opusieron a brindarle atención médica. Los policías la retuvieron para obtener su testimonio por el “crimen” que había cometido.
En una entrevista con la agencia AP, relató que una de las enfermeras que estuvo presente en el hospital le solicitó a la madre que besara a su hijo y los familiares de su expareja le hicieron un funeral al feto. Tal vez si ella hubiera muerto ahí mismo, a nadie le habría importado.
La persecución en su estado natal la obligó a huir a Guanajuato, como otras mujeres que han salido huyendo de Veracruz para evitar la criminalización.
En días recientes, los abogados de Patricia, presentaron su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser la primera vez que el proceso reeducativo podría aplicarse y con la esperanza de que lo declararan inconstitucional.
La ley promovida principalmente por la Iglesia Católica y organizaciones conservadoras que presionaron para su aprobación inmediata, pasó por alto las advertencias que hizo la ONU y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer por considerarla un retroceso en materia de salud y libertad sexual.
El mes pasado, tras sólo dos jornadas de votación se aprobó una reforma al artículo 4º de la Constitución de Veracruz que criminaliza al aborto. La misiva no sólo viola los derechos reproductivos de la mujer, sino que también las señala como criminales dentro de la sociedad y las obliga a someterse a un proceso de “reeducación”.
Aunque ninguna mujer que decide abortar merece ir a la cárcel, deben ser sometidas a este procedimiento educativo, un “tratamiento en libertad”, que pretende convencerlas de que no han actuado bien. Es como el equivalente a la readaptación social en casos de delitos graves.
En 18 de los 32 estados de la República el aborto está penalizado, pero actualmente en ningún otro se aplica este tipo de castigo penal. Ni siquiera en naciones de América Latina que también lo tienen penalizado han sometido a las mujeres a estos procedimientos.
No obstante, la SCJN no ha hecho ningún pronunciamiento y lo regresó directamente a la justicia de Veracruz, donde quedará en manos del juez en turno a resolverlo.
Previamente, tras otros casos de mujeres que fueron violadas y buscaban amparo para poder abortar, la Corte ya se había escudado afirmando que cada entidad era libre de generar su propia legislación penal.
Durante el aborto, Patricia sufrió violaciones graves a sus derechos humanos, como puede llegar a suceder con todas las mujeres que decidan abortar en la entidad: tortura psicológica por parte de los médicos, discriminación e incluso marginación y exclusión de la sociedad por considerarlas criminales o “desadaptadas”.
En su caso específico, aseguró que los doctores sentenciaron que cometía un pecado grave, además de no brindarle la atención médica necesaria durante el procedimiento.
En Veracruz sólo se aceptan cuatro causas para permitir el aborto: violación, inseminación artificial no consentida, espontaneidad o porque la madre se encuentre en riesgo de morir. Todos los demás casos merecen esa acción penal en su contra, además de ser discriminadas.
Ahora, los abogados de Patricia pretenden que se abra un debate a nivel nacional que logre echar marcha atrás a la Ley que discrimina y clasifica a las mujeres como criminales, además de obligarlas a “reeducarse” por haber “actuado mal”.
*Con información de: Sin Embargo.
