El costo de la construcción del Tren Maya sería de hasta un billón 599 mil millones de pesos, 10 veces más de lo que estima el Gobierno, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el proyecto del Tren Maya, el cual es considerado por el Gobierno federal como el principal proyecto de infraestructura, sin embargo, si la planeación no es la óptima, se estima que el costo de construcción del proyecto podría aumentar entre 4 y 10 veces más que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el Gobierno federal, detalló el IMCO.
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A través de un investigación, la organización indicó que las experiencias a nivel mundial y nacional señalan que para crear un proyecto de infraestructura ferroviaria que genere ganancias o, por lo menos, no requiera de subsidios gubernamentales durante toda su vida útil, es necesario que el Gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte.
El IMCO detalló que el costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende entre los 479 mil 920 millones de pesos y 1 billón 599 mil 767 millones de pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el Gobierno federal.
“El peor escenario sería aquel en el que la construcción del Tren Maya no cumpla con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el Gobierno federal acabe subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie”, informó el colectivo.
Alertaron que especialistas ambientales han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, así como en la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto. Esta evaluación deberá ser uno de los ejes centrales y preventivos de la decisión del Gobierno para iniciar las obras.
El Instituto señaló que una de de las principales preocupaciones sociales es que el 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos. Asimismo, antes del inicio de la construcción, el Gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena. Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra.
Agregan que sus propuestas para la rentabilidad del podrán aumentar al:
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