El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), llegaron vestidos de civiles al tianguis de Santiago Mexquititlán en Querétaro para despojar a varios comerciantes de sus mercancías acusándolos de piratería.Ante la redada, los comerciantes agraviados solicitaron a los agentes que se identificaran y les mostraran la orden que avalaba el desalojo y decomiso de su mercancía, una petición que los agentes no pudieron cumplir orillándolos a retirarse y a pagar por el material que dañaron.Entre los comerciantes afectados se encontraban tres mujeres indígenas otomíes: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes cinco meses después del altercado con los seis agentes federales, fueron acusadas arbitrariamente y detenidas bajo engaños por haber participado presuntamente en el secuestro de los seis agentes con quienes habían tenido dificultades meses atrás.
El 19 de diciembre de 2008, Jacinta fue la primera en recibir una sentencia condenatoria de 21 años de prisión y una multa de 91 mil 620 pesos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Un mes después, Alberta y Teresa, las otras dos mujeres indígenas, corrieron con la misma suerte que su compañera.
Ante las claras incongruencias del caso, la falta de evidencia y las notables violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de estas tres mujeres, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, asumió la defensa de los tres casos y junto con Amnistía Internacional realizaron una investigación donde concluían que no existía ningún elemento probatorio que demostrara la comisión del delito del que se les acusaba.Un año después de su encarcelamiento, la PGR no pudo presentar conclusiones acusatorias en contra de Jacinta Francisca por lo que fue liberada. Al salir del reclusorio, la mujer perteneciente a la comunidad ñhä-ñhú exigió al Estado una reparación del daño por la injusta reclusión a la que ella y sus otras dos compañeras, quienes fueron liberadas hasta abril de 2010, fueron sometidas.
La petición se presentó ante la Procuraduría por responsabilidad patrimonial. En una primera instancia, la Procuraduría General de la República negó la solicitud y rechazó la petición de las indígenas de que se les diera una disculpa pública por parte de la institución.
Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó en sentencias separadas que los servidores de la PGR cayeron en irregularidades y con ello causaron daños morales y materiales a las tres indígenas acusadas falsamente, por ello ordenó que se les indemnizara y se reconociera su inocencia a través de una disculpa pública.
Ahora, 11 años después de los primeros abusos por parte de las autoridades federales, la PGR ofrecerá una disculpa pública el próximo 21 de febrero en el Museo Nacional de Antropología y será presidido por Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República.
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