La Casa Blanca confirmó este lunes que el presidente Donald Trump firmó la nueva versión revisada de la orden ejecutiva migratoria que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos originarios de naciones con mayoría musulmana y refugiados y que entrará en vigor el próximo 16 de marzo.
De acuerdo con lo que dijo el fiscal general Jeff Sessions en conferencia de prensa, esta nueva orden revisó las advertencias que habían hecho los jueces federales, “responde a la necesidad de proteger al pueblo estadounidense” y al derecho que tiene la rama ejecutiva de decidir cuándo se deben imponer las “medidas de seguridad que ellos consideren necesarias para la soberanía nacional”.
Asimismo, el fiscal general sentenció que como cualquier otra nación en el mundo, Estados Unidos “tiene el control de decidir quién ingresa a nuestro país y de mantener afuera a todos aquellos que pueden hacernos daño”.
Uno de los primeros cambios implicará eliminar a Iraq de la lista de las naciones “prohibidas” pero los ciudadanos del resto de los países de mayoría islámica (Somalia, Irán, Libia, Siria, Yemen y Sudán) no podrán entrar al país aunque tengan visado durante veto que durará 90 días.
Los refugiados tampoco podrán ingresar al país por un lapso de 120 días y los que tengan nacionalidad siria ya no recibirán un veto “indefinido”. Por otro lado, los residentes legales estadounidenses, que portan la llamada green card tampoco se verán afectados por el nuevo decreto.
Por su parte, el secretario de estado, Rex Tillerson, dijo que la orden tiene el objetivo de eliminar “vulnerabilidades que los terroristas islámicos radicales pueden explotar con fines destructivos”.
En su reciente declaración, Jeff Sessions aseguró que, de acuerdo con información del FBI, más de 300 personas que entraron a Estados Unidos como refugiados están bajo investigación por delitos relacionados “potencialmente” con actos terroristas.
Esta nueva versión es una reestructuración del decreto que el republicano firmó en enero pero que fue bloqueada en una corte federal por James Robart, juez de distrito, tras una demanda de los estados de Washington y Minnesota.
Aunque el argumento de los oficiales de la Casa Blanca para hacer la revisión fue el de resolver los asuntos legales que plantearon los jueces federales, de acuerdo a la BBC es posible que la versión revisada se enfrente nuevamente con nuevos obstáculos legales ya que uno de los argumentos que tuvieron los jueces federales para rehusarse a aprobar la orden original tuvo que ver con que el departamento de justicia “falló en mostrar que la misiva dio el aviso suficiente antes de restringir las habilidades de un individuo para viajar”.
Asimismo, los jueces también encontraron que no había evidencia de que los foráneos de las naciones mencionadas en la orden habían cometido algún ataque terrorista en Estados Unidos y esas pruebas siguen sin presentarse, por lo que la nueva orden podría ser “sometida al mismo escrutinio”.
Cuando se firmó el veto original, los medios locales dieron cuenta de las escenas de pánico y confusión y de las protestas desatadas en todo el país en rechazo a la nueva orden. La BBC explica que el 24 de enero, los viajantes que poseían visa fueron rechazados y atrapados en aeropuertos.
El aviso de 10 días de anticipación tiene el objetivo de evitar algunos de los momentos de caos, cuando la orden ejecutiva se anunció “sin ninguna advertencia” y las personas que estaban a bordo de un avión al durante la sentencia “fueron detenidos por autoridades migratorias al momento de su llegada”.
Tras el anuncio de la primera emisión del veto, como respuesta a las críticas, Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter que “si el veto hubiera sido anunciado con una semana de anticipación, ‘los malos’ habrían entrado corriendo a nuestro país durante esa semana”.
Durante el fin de semana, los medios locales anunciaron que Trump se reuniría con el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions y con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quienes están involucrados directamente con la firma del nuevo veto, para plantear los nuevos estatutos.
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