Desde pequeños crecimos con la idea de que la prisión es el peor lugar en donde alguien puede estar. La cárcel es la última consecuencia, el peor de los límites y también el más justo de los pagos para quienes han irrumpido de alguna manera en la ciudadanía.
La justicia mexicana es un aspecto que ha sido cuestionado por verse involucrado en irregularidades que la han hecho, de alguna manera, contradecir su propio significado. Entre éstas destaca la ambigüedad que hay en las investigaciones y procesos que determinan quién y por qué deben ser encarcelados.
No obstante, el problema duplica su gravedad cuando los involucrados son indígenas. El motivo es muy simple: la mayoría no habla español. Imagínate, es como si fueras a otro país donde no conoces el idioma y de repente, paseando en alguna plaza te detuvieran sin saber por qué; enseguida te llevan al ministerio y sin más, estás tras las rejas.
Según datos de Animal Político, en México existen aproximadamente 8,000 indígenas encarcelados que continúan a la espera de su sentencia o incluso, de enterarse de qué se les acusa.
“En el sistema de justicia las personas indígenas sufren graves violaciones a sus derechos humanos, en particular al de acceso a la justicia.”
En julio de este año, por ejemplo, fue muy sonado el caso de Reina Panzo, una indígena analfabeta que estuvo en la cárcel poco más de 11 años por no poder demostrar su inocencia respecto a la acusación que enfrentaba: homicidio agravado —en un caso de “aborto ilegal”—. ASILEGAL
Fue juzgada fuertemente por sus familiares, quienes incluso influyeron en su detención; sin embargo, la acusada se mantiene firme en su versión, pues asegura que su bebé nació muerto al prescindir de asistencia médica al momento del parto en la comunidad donde radica. Pese a ello, sus palabras se esfumaron como el viento frente a la hora de su defensa; no pudo comprobarlo.
Lo más irónico de esto es que sus intentos resultaron fallidos porque en el momento que inició el proceso, atravesó la acusación, defensa y firma de papeles sin entender absolutamente nada porque, desde luego, éstos no fueron presentados en náhuatl. Admitiendo una culpa que ni siquiera entendía. Ejemplo que desemboca otro gran problema: la falta de intérpretes.
La justificación que predomina en cuanto a este problema es la carga de trabajo, pues se argumenta que mientras en México la cifra de detenidos indígenas se acerca a 8,000, «el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos y cubre la defensa penal en 34 lenguas. Pero en México hay 18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes». Totalmente insuficiente.
“En México, la mayoría de indígenas que guardan prisión está en cárceles de Oaxaca, Chiapas y Puebla.”
A la par, existen organizaciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas o el mismo Padrón Nacional de Abogados Indígenas en donde se puede solicitar apoyo cuando algún caso como éste toca la puerta del hogar y no hay manera de abordarlo. Lamentablemente, las cifras de abogados que dominen una lengua indígena sigue siendo escasa y los que sí lo hacen, no son requeridos por falta de presupuesto en las fiscalías o ministerios públicos locales.
Son tan sólo unos párrafos que reflejan la incertidumbre de un problema que, lejos de resultar ajenos a nuestra realidad, están más próximos que nunca. La gente es detenida sin saber por qué, el tiempo transcurre en el abismo sin saber por qué, no hay tiempos de sentencia, no existe quién traduzca las lenguas indígenas, simplemente no hay quienes los defienda.
Nada ha cambiado. Podrán pasar días, meses y años para que los procesos legales indígenas tomen el curso correcto, pero la prisión indígena parece ser un problema sin fin.
