En la Cámara de Diputados aprobaron cambios a una ley ambiental que permitiría a cualquier empresa explotar bosques y selvas en el país bajo el esquema de plantaciones forestales comerciales, informó el diario La Jornada.
Se trata de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable —dictamen que rechazaron los partidos de izquierda PRD, Movimiento Ciudadano y Morena—, donde los recursos naturales en que habitan especies silvestres de flora y fauna, así como el agua, ahora se consideraría que coexisten en relación de interdependencia con los recursos forestales.
Aunque aún debe ser aprobada por el Senado, defiende que para aprovechar los ecosistemas forestales se les considerara una fuente permanente de ingresos, que mejoraría las condiciones de vida de sus propietarios.También dejaría en manos de los gobiernos estatales la atribución de promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en acciones de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable.Prácticamente el 80 por ciento de los bosques y selvas en nuestro país pertenecen a ejidatarios y comunidades, pero que con la reforma esta ley se les limitaría en su derecho a proteger y aprovechar sus territorios.Organizaciones forestales, campesinas y civiles argumentaron que la reforma excluyó a comunidades rurales y grupos indígenas de escuchar sus puntos de vista antes de votar la nueva ley.
Además, falta información para que los indígenas y propietarios rurales sepan ahora cómo aprovechar y cuidar sus tierras, que aparte de garantizarles preservar su patrimonio, contribuiría a la conservación de los recursos naturales.Sin embargo, los defensores de la ley respaldan que contribuirá a una oferta suficiente para la demanda social, industrial y en actividades de exportación, así como que se sumará a acciones de fortalecimiento en la capacidad productiva de los ecosistemas.
Por ejemplo, el diputado Vidal Llerenas, de Morena y quien votó en contra de los cambios, dijo que se trata de una ley apenas si era conocida por los legisladores, que debió analizarse a fondo.
“Es completamente nueva y hay muchas dudas. Nos enviaron una bola rápida que nadie conoce, y ahora nos surgen dudas de todo tipo”, se quejó en entrevistas con la prensa, a quienes les aseguró que ahora la nueva ley deja a las autoridades con mucho menos control sobre los bosques.
La iniciativa es una propuesta del Partido Verde Ecologista que surgió en septiembre pasado y no contempla, de acuerdo a sus opositores, los puntos más relevantes para propiciar un desarrollo real del sector forestal comunitario.
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