Con la promesa de una vida mejor, entre 2001 y 2012 unas 20 millones de personas (que representan una sexta parte de la población mexicana) abandonaron ciudades, colonias aisladas, pobres y marginadas para poblar el sistema de vivienda ofrecido por el Estado mexicano a las clases obreras. Sin embargo, la “intención” de elevar el nivel de vida de las clases media-bajas embarcó a México en una visión fallida.
Según una investigación de LA Times, el Gobierno federal, durante dos sexenios, se asoció con constructoras privadas para hacer lo que hoy es el boom inmobiliario más grande de la historia latinoamericana. Durante los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se invirtieron 205 mil pesos en 2001 y 294 mil en 2009, según datos del INFONAVIT.
Además, se unieron al titánico proyecto inversores internacionales como el Banco Mundial, varias firmas de Wall Street y fundaciones trasnacionales que invirtieron millones de dólares en la construcción residencial de México. Así comenzó la construcción masiva en grandes extensiones de pastizales con granjas y viejas haciendas, mejor conocidos como barrios marginados, los guetos mexicanos.
Los problemas ecológicos y de salubridad afectan a los habitantes de estos desarrollos. (Foto: LA Times)
Condiciones deplorables de vida
Hoy todos estos suburbios, alejados de las ciudades, se encuentran en estados luctuosos. Calles deformes por los baches, banquetas desgastadas, casas con grietas, caracterizan a las colonias, sin mencionar el pésimo abastecimiento de servicios básicos como agua y luz.
Por si fueran pocas las condiciones insufribles, muchos de estos desarrollos inmobiliarios se edificaron lejos de los centros de empleo, en tierras donde los terrenos son sumamente baratos pero que ofrecen inestabilidad en el suelo, zonas de riesgo como deslaves, derrumbes o hundimientos.
Asimismo, generalmente las cabezas de familias están en deuda, pues la mayoría de los dueños son jubilados, pensionados del gobierno, propietarios de pequeñas empresas y trabajadores de fábricas en parques industriales. Mientras tanto, los inversionistas y constructoras invirtieron 100 mil millones de pesos, convirtiéndose en los únicos beneficiados y autoproclamándose como los “constructores del país”.
La mayoría de estos gigantescos fraccionamientos no están ni terminados. (Foto: LA Times)
Para ahorrarse dinero, los desarrolladores redujeron el tamaño de un millón de casas donde algunas cuentan con un solo dormitorio y donde su tamaño completo es de unos 10m2 donde viven familias de hasta 7 integrantes. Muchos de estos suburbios ni siquiera fueron terminados. El descuido de estos lugares por parte de las autoridades crea un problema de transporte, de delincuencia, de daño ecológico y de salubridad.
Corrupción
Un claro ejemplo de estas colonias desahuciadas son las que hay a las afueras de Ensenada y Tijuana, en Baja California, donde según datos del INEGI, unas 300 mil personas viven en más de 40 colonias marginadas.
En la zona conurbada en el Estado de México que rodea a la capital del país, las constructoras sólo terminaron 36 de las 253 colonias iniciadas en el sexenio de Vicente Fox en 2005 y hasta el 2012, donde unas 500 mil personas viven aisladas de la ciudad y lejos de los servicios básicos.
Las lluvias inundan las casas y reducen los pavimentos de las calles a baches gigantescos. (Foto: LA Times)
«Todo fue un mundo de corrupción. Mis predecesores aprobaron los desarrollos sin ningún tipo de consultoría previa. Ahora tenemos escasez de agua que ahora está racionada y cada familia recibe agua cada dos días», dijo Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, un municipio aledaño a Guadalajara.
En época de lluvias en el Estado de México, cientos de hogares que fueron construidos con mala calidad sin ser sometidos a reglamentaciones de seguridad estructural, se inundan generando grietas en los suelos, pérdida de muebles y electrodomésticos así como goteras en los techos de las casas. Todo porque las constructoras se ahorraran los gastos de seguridad estructural y urbana.
Miles de dólares en bonos para reparaciones y finiquito de infraestructura jamás llegaron a su verdadero destino, curiosamente ante esta situación, ni el Congreso ni sus comisiones han hecho investigaciones al respecto.
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