El padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, era pederasta. Su red de corrupción y abusos fue rechazada por el Vaticano en tiempos del Papa Benedicto XVI, negativa que no sirvió de nada cuando el Papa Juan Pablo II, uno de los líderes católicos más poderosos ya le había brindado su mano amiga, un blindaje contra sus abusos sexuales, su drogadicción y la opacidad con la que manejaba las finanzas de su institución (apodada por los más críticos como los “millonarios” de Cristo).
Desde entonces en México reinan los abusos clericales, la pederastia se ha convertido en la hostia cotidiana. En colegios católicos, templos y monasterios se esconde una red perversa de abusos infantiles, encubiertos frecuentemente por el escudo “sacro y santo” de la religión más poderosa del mundo.
El caso más reciente acusa al sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez, exvocero de la Aruidiócesis de León, Guanajuato de haber abusado de una niña de 15 años en un colegio de monjas en Irapuato a lo largo de tres meses. Según los testimonios, el victimario eligió los viernes para abusar de ella “bajo secreto de confesión”, mientras que los lunes le daba “asesoría psicológica”.
De acuerdo a Zona Franca, la activista y defensora de los derechos humanos Norma Nolasco expuso el caso de la menor abusada. El viernes se presentó la demanda en su contra por los delitos de abuso sexual, violación calificada y corrupción de menores, el lunes fue detenido en Guanajuato y el viernes se llevará a cabo la audiencia de imputación.
No es la primera vez que Villegas se ve involucrado en un escándalo sexual: En el 2014 otra mujer le reclamó la paternidad de su hija, pero él nunca se presentó para dar su declaración y finalmente confirmaron su paternidad, fue obligado a pagar una pensión y lo retiraron de su cargo en la Arquidiócesis de León.
Zona Franca revela que desde entonces, el acusado inició labores en un colegio católico privado de Irapuato, donde además de fungir como sacerdote daba terapias psicológicas a menores con “problemas de conducta”. No obstante, los padres de familia ni siquiera estaban enterados de que sus hijos estaban recibiendo dichos tratamientos, lo que implica “cierta responsabilidad por parte del colegio”.
Junto con otras activistas, Nora alza la voz para que los padres de familia tomen consciencia y “hablen con sus hijos menores para determinar si hay alguna otra víctima”. Si se descubre que hay más casos de abuso sexual a menores, el siguiente paso implicaría, necesariamente, llevarlos a las “instancias federales”.
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