El Partido Revolucionario Institucional afirma que busca renovar la credibilidad del partido y la confianza de la ciudadanía en éste; llevar al gobernador de Veracruz Javier Duarte a juicio sería un buen primer paso.
El PRI está en crisis. El partido que gobernó durante 70 años al país sin que ningún otro pudiera quitarlo de la presidencia ahora parece que no podrá quedarse por más de un sexenio. Las épocas han cambiado y las formas del viejo PRI, en las que podían hacer lo que quisieran sin consecuencia alguna, han llegado a su fin.
EL ESCAPE
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en un intento desesperado por salir impune de todos los delitos de los que le acusan los ciudadanos (desde mal manejo de recursos hasta incremento de la violencia en el estado), prepara, a tres meses y medio de que termine su mandato, una casa en Woodlands Country Club, Houston, en Estados Unidos, para salir huyendo.
Este dato fue revelado por el periódico El Financiero, que tuvo acceso a la lista de nuevos miembros que se publica en una revista exclusiva de dicho lugar para dar la bienvenida a los nuevos miembros y en donde aparecen Duarte y su esposa, Karime Macías.
La propiedad está valuada entre 400 mil y tres y medio millones de dólares, aproximadamente.
El propio gobernador veracruzano admitió la tenencia de esta propiedad; al referirse a la nota publicada por ese diario, respondió a través de su cuenta de Twiter: “En 12 años de servidor público ésta es mi única inversión; anexo copia de la transferencia de mi cuenta de nómina”, y adjunta un estado de cuenta donde se observa la transferencia al Woodforest National Bank, con sede precisamente en Woodlands, Texas.
El actual gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció en 2016 que Duarte había adquirido, a través de prestanombres, propiedades en el extranjero con un valor de más de 60 millones de pesos. Una de las prestanombres, según Yunes, había sido Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Duarte, con la que habría adquirido su casa en Woodlands. Sin embargo, tiempo después y mediante una carta dirigida a la opinión pública, Mónica Ghihan negó las acusaciones.
EL HARTAZGO DE LA CIUDADANÍA
La ciudadanía está harta de la corrupción y las mentiras; del abuso de poder y de la impunidad, pero sobre todo, de que el partido que actualmente gobierna no sea capaz de controlar a los dirigentes emanados de dicha institución que tienen hundidos a más de un estado de la República.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien lidera la lista de denuncias por corrupción, desvíos de fondos, asesinatos de periodistas y denuncias ante la PGR por uso indebido de las atribuciones y facultades como servidor del gobierno ante la Auditoría Superior de la Federación, se encuentra en la mira de organismos internacionales, políticos, activistas y partidos de oposición.
Hace unos días, Miguel Ángel Yunes Landa, el actual gobernador electo, calificó a Duarte como el peor gobernador en la historia de Veracruz. A tal grado que dijo: “Nada peor puede pasar después de que se vaya Duarte, nadie puede hacer las cosas peor que él”.
Y no es que se tenga la certeza de que Yunes Landa tenga un historial limpio, sin embargo, podríamos afirmar que su campaña electoral, la cual estuvo basada en la promesa de meter a la cárcel al actual gobernador y hacerlo pagar por todas sus irregularidades y actos de corrupción cometidos, tuvo efecto, porque los ciudadanos de Veracruz no quieren ver al gobernador huir de manera impune tras un mandato marcado por el abuso de poder y la corrupción.
LAS CIFRAS
Javier Duarte llegó a la gubernatura de dicho estado en 2010. Desde entonces, su gobierno acumula 34 denuncias ante la Procuraduría General de la República por presunto desvío de recursos públicos y por uso indebido de sus facultades como mandatario.
Durante su mandato, Javier Duarte cuenta con 22 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, 15 por simulación de reintegros —477 mdp que simuló regresar a la Tesorería de la Federación pero no se depositaron—; desvíos por 843 millones 650 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 625 millones 254 mil pesos del Fondo para la Infraestructura Social, 348 millones 593 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y 146 millones 493 mil pesos del Fondo de Subsidio de Seguridad para los Municipios.
De las 34 averiguaciones previas, 21 están en trámite o en investigación y 13 fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado de Veracruz; todas ellas por peculado (malversación de fondos públicos), uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público.
Aunado a esto, Duarte debe a la Universidad de Veracruz 2 mil 301 millones de pesos, nada más para darnos una idea de lo que significa esta deuda, el monto excede el presupuesto que el gobierno de Veracruz autorizó a la casa de estudios para 2016.
El actual gobernador también ocultó la cuenta pública del 2015, la cual simuló entregar al Congreso, pero lo único que estos recibieron fue una caja vacía. La información tampoco se encuentra completa en la página web estatal. De acuerdo a las estimaciones, se calcula que el gobierno de Veracruz podría presentar un vencimiento por más de 2 mil 700 millones de pesos.
A Duarte también se le acusa de un aumento en el gasto corriente, al duplicar presupuestos de distintas instituciones sin sustento financiero, y la creación de plazas laborales para dar base a “miles de aviadores”.
Por si esto no fuera poco, el Gobernador propuso ceder, mediante una solicitud al Congreso Estatal, el predio de la residencia oficial Casa Veracruz a la Comisión estatal de Derechos Humanos. De igual manera propuso al Congreso estatal ceder los derechos “a título gratuito” de un predio localizado en la colonia La Piedad, en Xalapa, a favor de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y “enajenar una propiedad y casa construida”, en la colonia Dos de abril de Veracruz, a favor de la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito en el Estado. Ninguna de las instituciones cedió a estas propuestas.
Con base en todos estos hechos, ahora podemos entender por qué, a través del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, Duarte trató de blindarse intentando designar él mismo al fiscal anticorrupción que sería el encargado, en un futuro, de investigar todos estos actos ilícitos. Cosa que no pudo realizar gracias a que Enrique Peña Nieto ordenó dar marcha atrás a dicha iniciativa argumentando que este sistema, recién implementado, no sería utilizado para proteger actos de corrupción.
¿DEJARÁ EL PRI ESCAPAR A DUARTE?
Ahora sólo es cuestión de tiempo para saber si el discurso del nuevo Presidente Nacional del PRI, Enrique Ochoa, y del mismo Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quienes afirman que no tolerarán los actos de impunidad y la corrupción, son verdad o quedarán como otras de sus tantas promesas sin cumplir.
El Partido Revolucionario Institucional afirma que busca renovar la credibilidad del partido y la confianza de la ciudadanía en éste; por lo que llevar a Duarte a juicio sería un muy buen primer paso en dicha búsqueda, ya que actualmente la deuda del estado supera los 12 mil millones de pesos.
