La crisis de seguridad que enfrenta la región de Centroamérica tiene como principales protagonistas a los miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos de las más grandes de la región y consideradas “rivales naturales”. Sus enfrentamientos dejan decenas de heridos, víctimas mortales y en ocasiones son más grandes que la capacidad de las autoridades por controlarlos.
Lo más preocupante de la situación es que estas pandillas no sólo cometen actos de agresión en contra de miembros de grupos criminales contrarios; en su afán por conseguir recursos para poder abastecerse de armas y tener un mejor control de lo que ellos consideran “su territorio”, cometen crímenes como el robo y la extorsión en contra de la población civil, la cual parece estar indefensa y sin autoridades competentes que sean capaces de brindarles seguridad.
Específicamente en El Salvador, el Sindicato de Maestros de Educación Pública (Simeduco) denunció que el tema de las pandillas tiene a los profesores en constante preocupación y que viven con miedo, pues tan sólo en los primeros seis meses del 2017 han sido asesinados seis docentes y 16 estudiantes.
El sindicato cree que los asesinatos de maestros se deben a que estos deciden ya no pagar las cuotas de extorsión que los pandilleros les exigen. Las muertes de estudiantes aseguran que se debe a que cada vez desde más pequeños se unen a algún grupo criminal, lo cual los hace vulnerables si es que para llegar a la escuela tienen que pasar por algún territorio controlado por sus rivales.
El secretario general del Simeduco, Francisco Zelada, detalló en un comunicado que, aunque no existen cifras oficiales, un estudio realizado por su organización reveló que el 60 por ciento de los maestros que ejercen su profesión en la zona sur de San Salvador sufren de extorsión, aunque aclaró que “eso no quiere decir que en la zona norte no suceda lo mismo”.
Esta información contrasta con lo que el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, presentó en el informe de su tercer año de mandato, cuando dijo que el delito de extorsión se redujo un 49 por ciento en los primeros cuatro meses del 2017, pero Zelada asegura que los números del mandatario tienen la intensión de vender una idea falsa a la ciudadanía, pues próximamente habrá elecciones.
“No necesitamos arreglar los problemas de violencia en periodos electorales”, expresó el secretario general del sindicado magisterial. “Necesitamos bajar los niveles de violencia, delincuencia y seguridad de manera permanente para darle sostenibilidad emocional a los salvadoreños, los profesores”.
De acuerdo con el estudio revelado por el Simeduco, los profesores que son víctimas de extorsiones deben pagar desde 25 hasta 100 dólares al mes, sin embargo existen casos particulares en donde les dan una fecha límite para pagar entre 300 y 600 dólares y cada trimestre la suma se duplica.
La situación se vuelve más grave cuando las pandillas cambian de mando, pues en esas ocasiones las cuotas de extorsión se duplican; los maestros que ya no pueden cumplir con estos pagos buscan ayuda con las autoridades, pero ahí se encuentran con un mal que va en aumento: los criminales se han logrado introducir dentro de la policía, por lo tanto denunciar la extorsión es firmar su sentencia de muerte.
“Los maestros ya no tienen confianza en las instituciones por el trato que han recibido al poner denuncias, tenemos casos en que los maestros fueron a las unidades policiales a denunciar el hecho y cuando regresaron a la escuela, los pandilleros ya sabían que los había denunciado”, explicó Zelada. “Cuando acuden a las direcciones departamentales de Educación, los maestros son revictimizados pues lo primero que les dicen es que lo que busca es trasladarse, que están inventando lo de la extorsión o las amenazas”.
La situación es tan grave que incluso muchos maestros desaparecen de la noche a la mañana porque huyen del país y se trasladan a Canadá, España o Italia de forma legal o con la ayuda de traficantes de personas para pedir asilo político.
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