Esta es la red de espionaje del gobierno mexicano para seguir los pasos de periodistas y activistas

lunes, 19 de junio de 2017 6:42

|Regina Mendoza





La paranoia del espionaje no es una exageración. El gobierno mexicano tiene la capacidad de rastrear cada llamada, mensaje de texto, correo electrónico, ubicación, sonido, imagen y hasta las teclas pulsadas en nuestros teléfonos celulares. Con tan sólo un clic, la cámara y el micrófono se convierten en una especie de cabina de audio y video "ocultos". Y México ha pagado millones de dólares para comprar los spywares que permiten hacerlo. 

El pasado febrero, el instituto Citizen Labde la Universidad de Toronto, publicó una investigación que demuestra que el gobierno orquesta una red de espionaje electrónico en contra de sus ciudadanos, pero sobretodo acorralan a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. 



Alberto Escorcia es uno de esos ciberactivistas espiados, censurados y sometidos por naufragar en las redes en busca de bots que publican información incesantemente para beneficiar al gobierno, halagarlo o promover a determinado candidato durante las contiendas electorales (a la gubernatura del Estado de México, por ejemplo). 

Generalmente, esos robots usan hashtags para posicionar mensajes como trending topic. Al final, ese ejercicio de repetición y de ver replicados determinados contenidos provoca un "aprendizaje" inconsciente, que no se somete a un análisis previo o que sencillamente lanza la pregunta ¿Por qué habría de ser falso/un error/malo si todo el mundo lo está replicando?

La investigación de Citizen Lab se enfocó en el espionaje a los activistas que promovían el impuesto a las bebidas azucaradas, sin embargo, desde entonces fueron saliendo a la luz más casos de otros ciudadanos hostigados con el uso de herramientas tecnológicas que son de uso exclusivo del gobierno mexicano.



Un reportaje del rotativo norteamericano The New York Times, "Using Texts as Lures, Government Spywate Targets Mexican Activists and Their Families", confirmó que el gobierno mexicano emplea "carnadas" para espiar a los activistas que luchan para erradicar la corrupción, defensores de los derechos humanos y periodistas. 

Con el malware Pegasus, adquirido por el gobierno mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a través de la empresa israelí NSO Group, tuvieron acceso a todos los datos personales. El procedimiento es sencillo, a las personas que quieren espiar les envían un link con información que puede interesarles o que les compete directamente (pueden ser desde notas que los involucran, peticiones personalizadas o amenazas directas) y cuando dan clic, el spyware se instala automáticamente en sus teléfonos celulares, dando libre acceso a la cámara y micrófonos, a llamadas, mensajes (Messenger, Whatsapp, SMS), correos, datos adjuntos y todo el contenido multimedia almacenado.  

NSO asegura que esos sistemas son vendidos bajo la premisa de que únicamente serán usados para investigar a organizaciones criminales (carteles) y terroristas. No obstante, las principales víctimas han sido los periodistas que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa;  un académico que promovió leyes anticorrupción, Juan E. Pardinas, dos de los periodistas mexicanos más influyentes, Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola y un ciudadano estadounidense que representa a las víctimas de abuso sexual a manos de la policía. Sus familias también fueron espiadas y amenazadas.


Todos ellos coinciden en una cosa: han denunciado irregularidades durante el gobierno de Enrique Peña Nieto específicamente, la enraizada red de corrupción que impera en las altas esferas.  El rotativo define esa red de espionaje com un "esfuerzo sin precedentes de mermar la lucha contra la corrupción que afecta cada extremidad de la sociedad mexicana". 

Por su parte, Pardinas, directos del Instituto Mexicano para la Competitividad, asegura que ellos son los nuevos enemigos del Estado, en una sociedad donde "la democracia ha sido erosionada". Resulta poco probable que el gobierno mexicano haya recibido autorización jurídica para tener acceso a los teléfonos celulares de esos ciudadanos en específico, ya que no "forman parte del rol tradicional de criminalidad" y sus casos no corresponden con lo que dicta la ley, que permite ese tipo de espionaje para operaciones de inteligencia, cuando representan una amenaza a la seguridad nacional. 

Los mensajes que enviaban para instalar el sistema de espionaje eran personalizados, diseñados para inspirar miedo y obligarlos a dar el clic. En el caso de Carmen Aristegui, recibió un mensaje a nombre de la Embajada de Estados Unidos en México para solicitarle que renovara su visa.

Testimonio de Carmen Aristegui sobre el espionaje al que fue sometida:



El gobierno ha negado todas las acusaciones y asegura que ninguno de los miembros de su servicio de inteligencia contra defensores de los derechos humanos, activistas o periodistas sin una autorización previa. No obstante, ese software sólo puede ser empleado en la agencia gubernamental donde fue instalado. Una vez instalado, NSO no puede seguir el rastro ni tener registro de las personas que son espiadas con sus herramientas y hasta el momento, no ha n denunciado ningún topo de abuso por parte del gobierno de México.

Luis Fernando García, director de R3D, una organización de derechos digitales, dijo para el reportaje que el simple hecho de que el gobierno mexicano esté empleando mecanismos de espionaje contra los periodistas y activistas que exponen la corrupción en vez de usarlos en contra de los que son responsables de la misma "dice mucho para quién está trabajando el gobierno".  Y definitivamente, "no es para las personas". 

*

Podría interesarte:

El nuevo centro de espionaje ruso en... ¿Nicaragua?

Conoce a la nueva Snowden que filtró información ultrasecreta sobre el hackeo ruso.

Virus en Facebook y Twitter, el nuevo método para hackearte.





TAGS:
REFERENCIAS:
Regina Mendoza

Regina Mendoza


  COMENTARIOS