El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que en cuanto se restaure la pena de muerte en el país, ejecutará hasta a seis delincuentes diariamente.“Antes ya teníamos pena de muerte, pero no pasaba nada”, declaró Duterte la semana pasada, según el Bangkok Post.“Dénmela de nuevo a mí y la aplicaré todos los días, voy a ejecutar cinco o seis diario, lo digo en serio”.
Filipinas es una nación en la que el catolicismo es la religión dominante y las declaraciones de Duterte causaron polémica y malestar entre los líderes de la Iglesia en ese país quienes se declararon abiertamente opositores a la pena de muerte, ya que lo consideran un plan “barbárico”.
“Nuestro país será visto como un bárbaro”, declaró en entrevista para AFP el padre Jerome Secillano, funcionario de la Conferencia Episcopal de Filipinas. “Duterte convertirá a Filipinas en la capital mundial de la pena de muerte”.
Por su parte, el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein, envió una carta al Congreso de Filipinas en la cual declaró que revivir la pena de muerte viola completamente las obligaciones internacionales que tiene el país con el mundo.Sin embargo, el presidente Duterte aseguró el sábado que la pena de muerte es necesaria para poder combatir las consecuencias que el narcotráfico y las drogas están llevando a su país y combatir el crimen de forma efectiva, porque es justo eso lo que está “destruyendo” su país.
Los aliados de Duterte en la Cámara de Representantes se entusiasmaron con las incendiarias declaraciones del presidente de Filipinas y se apresuraron a presentar un proyecto de ley que, adelantaron, se votará en enero del próximo año.
El vicepresidente de Amnistía Internacional, Filipo Romeo Cabarde, declaró para la agencia francesa AFP que las declaraciones de Duterte eran sumamente alarmantes.
“Establecer una cuota para las ejecuciones es demasiado”, dijo Cabarde. “Una muerte es demasiado porque estamos hablando de vidas, no importa si se trata de criminales o no, estamos hablando de personas”.
En Filipinas la pena de muerte era un castigo legal hasta el 2006, cuando la Iglesia católica presionó al Congreso para que abolir lo que ellos consideran una práctica “barbárica”.
En Filipinas, el 80 por ciento de sus habitantes practican la religión católica, por lo que las opiniones de sus líderes religiosos tienen gran peso y relevancia en el país.Jerome Secillano también adelantó que los líderes de la Iglesia buscarán presionar al Congreso para que, en lugar de aprobar el retorno de la pena de muerte, trabajen en una reforma al sistema penitenciario del país, ya que consideran que el sistema de justicia es “lento y corrupto”.
Para lograrlo, primero asistirán a los debates del Congreso sobre esta polémica ley en enero y buscarán convencer a los legisladores de votar en contra de la pena de muerte.
“La pena de muerte es un atajo, el gobierno no quiere hacer nada para arreglar el sistema penal”, declaró Secillano.
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