Los cargos en contra del mandatario estadounidense Donald Trump son por violar la cláusula anticorrupción de la Constitución que establece el impedimento a cualquier alto funcionario del Gobierno federal de aceptar remuneraciones económicas de gobiernos extranjeros.
La denuncia salió por parte de los fiscales de Maryland y Washington a través de un rastro de dinero que da a su imperio inmobiliario y su negativa en hacer pública su declaración fiscal, por lo que las sospechas en su contra se agravian.
Desde que Trump fungía como empresario, siempre mantuvo opacos los asuntos fiscales de sus empresas, pero ahora que es presidente del país más poderoso del mundo, la polémica le pisa los talones. Es el primer mandatario en 40 años en no hacer pública la forma en que ha pagado sus impuestos, si es que los ha pagado alguna vez. No sólo los fiscales, organizaciones no gubernamentales y grupos civiles llevaron ante los tribunales demandas contra Trump por presuntas irregularidades.
En respuesta a las críticas y polémica, los abogados de la Casa Blanca argumentan que el tipo de pagos que reciben las empresas del presidente, son legales. ”Ni la constitución ni el historial legal citado muestran que ésta se refiera a beneficios que vengan de los negocios personales del presidente, además que no tienen nada que ver con su función ejecutiva”, dijo en un comunicado escrito el Departamento de Justicia.
Varios abogados han coincidido que el veto se incluyó en la constitución para evitar que altos funcionarios federales fueran abordados o empleados por agentes extranjeros. Por su parte, la fiscalía estatal de Maryland y el distrito de Columbia consideran que Trump no se desvinculó legal y constitucionalmente de sus negocios privados al tomar cargo como presidente de EUA, argumentando que simplemente pasó la dirección de su emporio a sus hijos Donald y Eric. De esa manera, el presidente sigue teniendo control sobre sus empresas, esta condición propicia que Trump sea vulnerable a sobornos o pagos por parte de gobiernos extranjeros, según el Ministerio Público Federal.
En la serie de sospechas por esta falta en su contra, se le involucra con tratos con los gobiernos de Israel, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía por medio de reservas en hoteles y la contratación de espacios para realizar eventos públicos.
”Nunca antes un presidente actuó con tanto desprecio y desdén por la constitución”, acusa la demanda en su contenido donde su premisa principal es que el presidente de EUA debe guardar fidelidad a la constitución desvinculándose al cien por ciento de sus empresas privadas, transmitidas a través del Washington Post.
La demanda aún debe pasar por un trámite de algún juez federal, los fiscales insisten en seguir investigando al presidente solicitando sus declaraciones de Hacienda, uno de los secretos de Trump más protegidos por la Casa Blanca.
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