Introducción
De las 16 horas que estamos despiertos pasamos ocho usando nuestros dispositivos móviles. Según la Asociación Mexicana de Internet las aplicaciones más populares son WhatsApp y Facebook, después están los servidores de mails y otras plataformas de mensajería instantánea. El estudio de la AMIPCI también reveló que la mayoría de los internautas tienen entre 19 y 24 años. Si unimos todos los puntos entenderemos que los celulares son el principal medio de comunicación y, por consiguiente, almacenan todo tipo información personal: desde las conversaciones familiares hasta textos privados con tintes sexuales, también llamado sexting, los cuales son muy comunes entre los jóvenes.
El contenido de los mensajes son propiedad privada y deben estar fuera de críticas o valoraciones. Cada uno tiene el derecho de expresarse con el otro de la forma que sea, incluyendo o no insinuaciones sexuales. El problema suscita cuando un tercero tiene acceso a ésta y otra información personal. ¿Te sentirías cómodo al pensar que alguien te vigila día y noche como el Gran Hermano de George Orwell?
En realidad las compañías telefónicas, siempre han tenido acceso a nuestra información. Al usar sus servicios es inevitable negarles la entrada a nuestra vida. Entonces, ¿qué nos protege de estar expuestos ante el mundo?
El objetivo del presente artículo es informar al público sobre lo que sucede con sus datos una vez que las compañías privadas los almacenan y después los comparte con diversas instituciones gubernamentales de México. La información expuesta se retomó del informe “El estado de la vigilancia. Fuera de control” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
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El estado espía
Según R3D desde el año 2009 las empresas de telecomunicaciones están obligadas a conservar una gran cantidad de datos (conocidos como metadatos de comunicaciones) de todos sus usuarios. Para proteger a los usuarios la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) dictó que la conservación de dicha información tenía una vigencia de 2 años. Debido a la ambigüedad de la redacción de dicha ley, algunas autoridades han dicho que tienen la facultad de tener acceso a los datos conservados, conocidos como ADC, con una orden judicial. La presente investigación reveló que no es así.
Según datos aportados por autoridades federales y de las entidades federativas, en 2013 se realizaron al menos 8867 solicitudes de ADC. En 2014 se realizaron 18 mil 111 solicitudes y en 2015 fueron 14 mil 129 los requerimientos a empresas de telecomunicaciones. De todas las solicitudes de ADC a empresas de telecomunicaciones, únicamente el 1.09% contó con autorización judicial federal. Lo anterior implica que la gran mayoría de las solicitudes no fueron realizadas conforme a lo que establece la Constitución.
¿Quién pide nuestra información? La siguiente tabla se titula: “Solicitudes de acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones – 2015” y se encuentra dentro del documento
“El estado de la vigilancia. Fuera de control”.
Otra gráfica dice que del 2013 al 2015 se realizaron un total de 41 mil 107 solicitudes, de las cuales el 98 % se hicieron sin autorización judicial y el resto bajo el procedimiento que dicta la Constitución.
Es importante señalar que el número de solicitudes de ADC no equivale al número de afectados, cuentas o dispositivos respecto de los cuáles se solicita información, pues en una sola solicitud se pueden requerir el ADC de varios usuarios. Por ejemplo, la PGR informó haber realizado 30 mil 005 solicitudes de ADC a empresas de telecomunicaciones, pero accedió a los datos 43 mil 014 dispositivos.
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Compañías involucradas
La PGR y procuradurías como las de Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México y Chihuahua fueron las autoridades que más solicitudes realizaron en el primer semestre de 2016, además de las que provienen del Poder Judicial de la Federación. Algunas empresas no revelaron la identidad de autoridades que realizaron una gran cantidad de solicitudes recibidas.
Del total de solicitudes ADC, la empresa líder del ramo recibió el 71.9 %, la que viene de Estados Unidos el 15.4 % y la compañía española que intenta ganar terreno en el territorio nacional el 11.5 %. Las empresas de telecomunicaciones únicamente rechazaron 2 mil 966 de las 35 mil 778 solicitudes recibidas, es decir, apenas el 8.29 %.
La empresa que más solicitudes rechazó fue la estadounidense con 63.5% de las solicitudes recibidas, seguido de los servicios fijos con 46.6 % y por último la compañía europea que rechazó el 8 % de las solicitudes de acceso a datos de usuarios. Es altamente preocupante que la compañía más usada en México no haya rechazado ni una sola solicitud de ADC en el primer semestre de 2016, siendo la empresa que recibe la mayor cantidad de de parte de autoridades. ¿Por qué?
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Formas de vigilancia
Además del acceso a datos privados, conversaciones dentro de redes sociales y mensajerías instantáneas, las instituciones tienen la facultad de conocer la localización geográfica del usuario en tiempo real (geolocalización). La PGR y la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE Veracruz) fueron las autoridades que más solicitaron la geolocalización de usuarios de telecomunicaciones durante el periodo analizado.
Para R3D llama la atención que durante los años 2013 a 2015, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE Chihuahua) haya sido la autoridad que, por mucho, intentó obtener la geolocalización de un dispositivo en más ocasiones. Fueron 2747 las veces en las que FGE Chihuahua envió solicitudes de geolocalización en 2013. Casi el 80 % de todas las solicitudes de ese año.
Prácticamente la totalidad de las solicitudes de geolocalización realizadas entre 2013 y 2015 fueron llevadas a cabo sin autorización judicial. Únicamente el 0.82 % sí contaron con dicha autorización a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Nuevamente el servicio de comunicación líder es quien tiene más solicitudes de geolocalización. Los informes semestrales remitidos por las empresas de telecomunicaciones al IFT revelan que Telcel no rechazó ninguna solicitud de geolocalización recibida.
La justificación al acceso de los datos personales por parte del estado es la de “seguridad nacional”. Siendo ingenuos podríamos pensar que es un nueva forma de vigilar a los seres indeseables de la sociedad, pero de manera paradójica, la violencia y el crimen organizado ha despuntado en los últimos tres años.
Para no hacer aseveraciones tendenciosas, sólo diremos que el gobierno nos vigila cada vez más, rechaza los procesos constitucionales y viola nuestros derechos de privacidad. Si las cifras siguen aumentando, el sexting será lo menos importante que sepan de nosotros.
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Puedes encontrar el informe completo en el siguiente link.