Las aguas del río Silala, que corre entre Bolivia y Chile, han desembocado en una escalada en la disputa fronteriza que ambos países mantienen desde hace años. En cada nación le dan un uso diferente, los sistemas y servicios hídricos no funcionan de la misma forma en una y otra frontera.
El afluente nace en el departamento (municipio) de Potosí, en el sureste de Bolivia, a cuatro kilómetros de la frontera con Chile, por lo que ambas naciones se disputan el uso y “exclusividad” de las aguas.
El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, considera que es un riachuelo internacional que la ley natural de la gravedad los obliga a cruzar desde Bolivia hasta Chile, por la inclinación del terreno. “La única ley” que el gobierno de Bolivia no puede modificar es la de gravedad, aseguró en una rueda de prensa frente a medios chilenos.
Esto formó parte de la continuación de una demanda que el Estado chileno presentó a mediados del año pasado frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos en contra de Bolivia: el río es “internacional” y ellos tienen el mismo derecho que los bolivianos de hacer uso de sus aguas.
Sin embargo, el gobierno de Bolivia asegura que el flujo acuífero les “pertenece” pues el curso del río fue desviado desde principios del siglo pasado por puentes “artificiales” para usarlas en la industria chilena: “un uso abusivo de los recursos”, según informa el periódico boliviano La Razón.
Bolivia sostiene que desde 1908 canales artificiales permitieron desviar el flujo para que alcanzara el territorio chileno, permiso que fue otorgado en su momento por las autoridades del país.
Desde 1997 comenzaron las disputas y acusaciones de Bolivia por el uso ilegal. El gobierno de Evo Morales acusa Chile de hacer “uso ilegal y abusivo” de estas aguas “sin pagar por ello”.
El canciller del país andino, David Choquehuanca,—según revela la BBC— sostiene que los manantiales han sido drenados y canalizados para el funcionamiento de los ferrocarriles de una empresa chilena.
En marzo pasado, el mandatario boliviano Evo Morales amenazó con demandar frente a La Haya para que los chilenos reconocieran “la deuda millonaria” que tienen con ellos y Choquehuanca asegura que hasta la fecha siguen usando las aguas para la industria minera.
En el comunicado reciente, Muñoz explicó que un grupo de geólogos e hidrólogos estudian el territorio para realizar las mediciones pertinentes y lo que han concluido es que el terreno presenta una inclinación de poco más de 4 grados, lo que empuja a las aguas hacia Chile de forma natural e inevitable: la ley de gravedad.
La ciencia y la geografía “están de nuestro lado”, sentencia Muñoz.
A partir de esta semana, el equipo encargado de revisar el caso redactará el informe científico pertinente para presentar frente a la Corte Internacional antes del 3 de julio. Hasta entonces se sabrán las sentencias de un conflicto geográfico que se remonta a más de 100 años atrás.
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