En la foto: Mariana Boy Tamborrell, Procuradora de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
La actual pandemia ha golpeado dramáticamente la economía de todo el mundo y particularmente de México. De acuerdo con el INEGI, el PIB de nuestro país durante el segundo trimestre de 2020 observó una disminución del -17.26%, es decir, la actividad global de la economía mexicana decreció como nunca lo había hecho desde que se tiene registro de este indicador. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estima que la pobreza por ingresos –población con un ingreso menor al costo de la canasta básica– pasó de 35.7% en el primer trimestre de 2020 a 54.9% en mayo pasado.
Subsiste la percepción de que los asuntos ambientales solo podrán resolverse una vez que se satisfagan las necesidades sociales básicas de la población como es la alimentación, los servicios de educación, salud, vivienda y empleo dignos, más aún cuando afrontamos una crisis económica de enorme magnitud. Esta visión apunta a postergar la atención a problemas de contaminación, deforestación o cambio del clima, hasta en tanto no se superen las lamentables condiciones de pobreza en la que habitan millones de personas. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo la falta de tecnologías, de educación, de ingresos de la población y de recursos suficientes para invertir, son factores que permiten una continua degradación de los servicios ambientales y por lo tanto, que empeoran continuamente las condiciones de vida de las personas que habitan en condiciones de pobreza.
Por otro lado, el modelo de consumo depredador y de gasto energético de los países más desarrollados, es a todas luces insostenible para el planeta y es responsable de un rápido agotamiento de los recursos naturales, por lo que tampoco puede ser un parámetro de referencia. Esto ha dado pie a otra idea errónea que profesa la importancia de limitar o detener el crecimiento económico como única medida para conservar el medio ambiente. La realidad es que nuestro país ya ha pasado por distintos periodos de nulo crecimiento o de crecimiento negativo de la actividad económica –crisis económicas de 1976, de 1982 y 1987, de 1994 o 2009– pero en ninguno de esos años se ha contenido el deterioro del medio ambiente, ni la deforestación, ni la contaminación de cuerpos de agua o de los suelos, más aún cuando en los años de recesión generalmente se ha reducido el gasto público ambiental.
Las cuentas ecológicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que año tras año existe un costo de agotamiento y degradación de nuestro capital natural. Esta pérdida de recursos naturales ha sido en promedio de 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual por lo menos desde el año 2013 al año 2017, que el INEGI realiza dicha medición. Además, el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente es en promedio un 21% menor, que el PIB del país (2013-2017) porque considera no solamente los costos del agotamiento y degradación, sino también los costos de las externalidades negativas, es decir, de los efectos negativos de incrementar la producción como la contaminación atmosférica generada. Esto es, el PIB no es ningún buen indicador del desarrollo sustentable.
Prácticamente no existe convención o acuerdo internacional sobre desarrollo sustentable, que no advierta la importancia de atender al mismo tiempo las causas de la pobreza y el cuidado del medio ambiente y esta es precisamente la complejidad del desarrollo sostenible: lograr un crecimiento económico sostenido e incrementar los ingresos de la población con el fin de superar la pobreza, pero al mismo tiempo contener el deterioro del medio ambiente con objeto de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Las siguientes son cinco sugerencias de política para seguir promoviendo un desarrollo sustentable, aún en época de crisis:
1.- ¿Qué tipo de crecimiento económico?
Desde luego que se requiere crecimiento económico, pues de no haberlo se arroja a la población a condiciones de pobreza; pero cada vez es más claro que se requiere fomentar el crecimiento económico de actividades y sectores sustentables que tengan impactos positivos en el medio ambiente; mientras que los sectores grises de la economía relacionados con los combustibles fósiles, la minería o la publicidad responsable del consumismo, deben y pueden dejar de crecer. De hecho hay instituciones financieras que se han adelantado en el financiamiento de proyectos sustentables y los han hecho rentables; es el caso del ASN Bank, un antiguo banco de Holanda que solo emite créditos a proyectos con responsabilidad ambiental y social, tales como energías renovables, infraestructura en salud, infraestructura hídrica, bonos verdes y cualquier fondo o fideicomiso con impactos positivos en el clima, la biodiversidad y los derechos humanos.
2.- Necesitamos gastar en medio ambiente.
El deterioro del medio ambiente empeora la calidad de vida de la población, particularmente de las personas que ya viven en condiciones precarias y cada año existe un costo de agotamiento y degradación de nuestro capital natural. Por eso el Estado necesita gastar en conservación y recuperación del medio ambiente. Desafortunadamente en el periodo 2015-2019 ha habido una reducción acumulada del presupuesto asignado a SEMARNAT de 61% y para la Comisión Nacional Forestal la caída acumulada es de casi 70%. El bajo nivel de gasto público ambiental no atañe sólo al presupuesto federal, sino que también se extiende a los demás órdenes de gobierno y al gasto privado. Para el año 2017 los gastos en protección ambiental alcanzaron el equivalente de 0.6% del PIB nacional de acuerdo con el INEGI, cuando el promedio de gastos en protección ambiental en la Unión Europea rebasa el 2% de su PIB en el mismo año, es decir, casi el triple de lo que se gasta en México.
3.- Impuestos Verdes.
Para poder gastar en proteger nuestro medio ambiente el Estado requiere de recaudar recursos o modificar las conductas de empresas y particulares. Para eso sirven los impuestos ambientales. Ejemplos de impuestos verdes son aquellas tasas que se pagan por la generación de emisiones; por la combustión de productos petrolíferos y la quema de carbón; por la gestión de residuos domésticos, comerciales, industriales o de construcción; por el ruido producido por el despegue y aterrizaje de los aviones o por el uso de fuentes de contaminación como son los fertilizantes o pesticidas. En los últimos días se ha anunciado que al menos ocho estados de la República Mexicana se disponen a cobrar un impuesto verde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex). En febrero del 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los Estados de la República apliquen impuestos en contra de empresas que provocan un daño a su medio ambiente. Desafortunadamente esta propuesta de impuestos verdes no es resultado de una nueva coordinación fiscal con objetivos de recaudación o de protección del medio ambiente, sino que se circunscribe en un ambiente de profundas diferencias políticas respecto de la política energética, por lo que habrá que seguir de cerca el desenlace de estas propuestas.
4.- Esquemas público-privados.
Está claro que el Estado no siempre puede asumir con cargo a los contribuyentes todo el gasto requerido para proteger el medio ambiente, por lo que se precisa la participación de recursos privados. Cuando escasean los recursos del Estado se han abandonado infraestructuras vitales como plantas de tratamiento de aguas residuales en muchos municipios del país. No obstante, la privatización de recursos naturales o de servicios públicos como la dotación de agua y su tratamiento, tampoco ha mostrado ser una solución viable, toda vez que existe un desequilibrio entre los precios de los servicios que pueden pagar grandes sectores desfavorecidos de la población y los márgenes de utilidad con los que desean trabajar los inversionistas privados. Por fortuna, comienzan a existir más ejemplos de inversión en infraestructura verde bajo esquemas que combinan recursos públicos y privados. Es el caso del llamado Bono de Impacto Medioambiental (EIB por sus siglas en inglés) mediante el cual se compartió el riesgo de la construcción y renovación de la infraestructura de agua requerida por la Ciudad de Washington. Si los beneficios esperados resultaran menores a los esperados, el Estado subsidiaría pero solo la parte de las pérdidas, en cambio si los rendimientos fueran superiores a los esperados, habría un beneficio adicional para los inversionistas privados.
5.- Aplicación efectiva de Responsabilidad Ambiental.
Existe en nuestro país una legislación federal que introduce un esquema de justicia restaurativa para resarcir las afectaciones causadas al medio ambiente: es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA). Lo que pretende dicha legislación es que las empresas privadas o públicas, así como los particulares, comprendan que es preferible prevenir e invertir en compensar las afectaciones ambientales que su actividad pueda causar, toda vez que su reparación puede resultarles mucho más costosa. Un caso exitoso ocurrió en el año 2013, pues una empresa inmobiliaria deforestó áreas verdes sin avisar el impacto ambiental, ni pagar medidas compensatorias, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejerció la acción por daño ambiental prevista en la LFRA y ejecutó un embargo por la cantidad de 48 millones de pesos. En dicho proceso la empresa se obligó a pagar 3 millones de pesos en reforestación; 3 millones de pesos en la recuperación de un río; 2 millones destinados al Fondo de Responsabilidad Ambiental y deberá invertir 1 millón más a través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), con el cual se evaluará la operación del proyecto a través de auditores externos.
