¿Qué cara tienen los desaparecidos?, ¿Alguien se acuerdo de ellos?, ¿Cómo eran?, ¿Será verdad que estaban metidos en asuntos “turbios” y por eso se los llevaron? El testimonio de una madre, de una esposa, de un hijo, no es suficiente para acallar los rumores y chismes sobre los ausentes.
“Seguro era narco”, dicen las vecinas. “Estaba en negocios raros”, dicen los compañeros de trabajo. “Seguramente se trató de un ajuste de cuentas”, dicen las autoridades a cargo del caso. La excusa perfecta de los investigadores es que seguramente es algo que se merecía, que no era inocente del todo.
La realidad es que, de acuerdo con un estudio liderado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y el Latin American Center de la Universidad de Oxford, el 91.55 por ciento de los desaparecidos en el estado fronterizo de Nuevo León no tenían ninguna relación con el crimen organizado.
El estudio analizó la desaparición de 548 personas, registrados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos entre el 2005 y el 2015.
Aunque la investigación “no descarta del todo la correlación existente”, sí se trata de razones distintas al “ajuste de cuentas” que las autoridades usan como pretexto para truncar las investigaciones. Asimismo, el concepto de que únicamente los delincuentes y miembros del crimen organizado son los victimarios es erróneo, pues en un 46.7 por ciento de los casos, algún funcionario público fue el perpetrador.
De esa cifra se desprende que, a diferencia de lo que aseguran los informes oficiales y lo que se ha convertido en uno de los grandes mitos detrás de las desapariciones es que no sólo los “bajos mandos” están involucrados en ellas: el 49.2 por ciento son elementos municipales, el 24.6 por ciento estatales y el 26 por ciento son federales.
En la zona centro (CDMX y Estado de México, específicamente) y en las regiones fronterizas del país (Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas) se registra un mayor número de desapariciones. Pero, en general, todo el territorio se ha convertido en la nación de los que hacen falta, país que desconoce el paradero de sus ciudadanos.
Todos esos mitos frenan el curso legal y natural de las investigaciones. Las autoridades le quitan la atención debida a la mayoría de los casos porque piensan que las víctimas fueron, en algún momento de sus vidas, los victimarios. Mientras tanto, la sociedad también usa esas falsas premisas para restarle importancia a las exigencias y el dolor de los familiares que buscan sin cesar a sus desaparecidos.
En cuanto al curso de las investigaciones y los resultados que se han obtenido desde que se levantaron las actas de desapariciones, el 75 por ciento de las víctimas continúan desaparecidas y únicamente un 12.4 por ciento han aparecido con vida, y un 11.6 por ciento sin vida.
Un artículo del diario El País equipara la crisis de las desapariciones forzadas en México con los números que arroja Siria, que se encuentra sumido en una cruenta Guerra Civil. Sin embargo, de acuerdo a un informe del Senado, “pese a este panorama, en el país no se cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas”.
Por su parte, un reporte de Amnistía Internacional reveló a principios de año que las desapariciones forzadas en las que el Estado está involucrado y otras en las que participan agentes no gubernamentales fueron una “práctica generalizada” y sus responsables gozaron de “una impunidad casi absoluta” durante el 2016.
Esa generalización de las desapariciones ha provocado que los mexicanos dejemos de ver con ojos de alarma cuando una persona es recogida de forma arbitraria de su casa, saliendo de su escuela, en la calle, a plena luz del día…
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