Uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta la región de Centroamérica es el de las pandillas; la más popular es la Mara Salvatrucha, la cual tiene su base en El Salvador, pero sus tentáculos se han expandido por varios países gracias al fenómeno de la migración y las personas que se van a los Estados Unidos; algunos logran quedarse en ese país y formar nuevas células, pero otros se quedan en el camino o son deportados, estableciendo pandillas en otros países, incluyendo a México.
Honduras tiene a su propia amenaza en seguridad; se trata de La Pandilla Callejera 18, mejor conocida como “Barrio 18”, la cual es considerada como una de las pandillas juveniles más grandes y peligrosas del hemisferio occidental y se les cataloga como rivales naturales de la Mara Salvatrucha. Ambas agrupaciones compiten por tener mayor presencia en la región centroamericana y lo hacen cometiendo crímenes graves, como asesinatos.
La fundación InSight Crime, dedicada al estudio de las amenazas a la seguridad en Latinoamérica y el Caribe cataloga a Barrio 18 como una de las principales amenazas emergentes de la región por contar con miles de miembros en cientos de kilómetros, los cuales comparten el interés por realizar actividades ilícitas. Sin embargo, no se tiene claro si existe una coordinación entre todos ellos sin importar las fronteras o cada una de las células, incluso dentro de Honduras, trabajan de forma independiente.
Este fin de semana, el nombre de Barrio 18 se volvió portada en todos los periódicos de Honduras e hicieron eco en toda América Latina porque la Secretaría de Seguridad de Honduras declaró la “alerta roja” a nivel nacional e internacional debido a que 22 reos que se tenían identificados como miembros de esa pandilla se escaparon de la Penitenciaría Nacional.
Según reportó Infobae, las autoridades hondureñas suspendieron al director de ese penal, el teniente coronel César Augusto Nájera Méndez, así como a varios custodios, mientras se realizan las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables de permitir una fuga masiva de reos.
Apenas el sábado 13 de mayo la directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Rosa Gudiel anunció en rueda la prensa estos hechos, y confirmó que la fuga de los 22 pandilleros de Barrio 18 ocurrió la noche del jueves 11 de mayo, sin embargo no explicó las razones por las cuales tardaron dos días para revelar lo que había sucedido.
El Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto —de donde escaparon los miembros de Barrio 18— es considerada una cárcel de mediana seguridad, a pesar de ser custodiada por militares. También es el reclusorio más poblado de Honduras, pues en sus instalaciones purgan condena 5 mil reos; el sistema penitenciario del país tiene registrados a un total de 17 mil convictos.
Esta fuga de reos sucede justo cuando el gobierno hondureño realizaba operaciones para trasladar a reos de alta peligrosidad a penales de alta seguridad que están recién construidos. Entre los candidatos a estos traslados estaban los 22 pandilleros fugados.
La intensión de estos movimientos es debilitar las estructuras de reos que controlan las 30 cárceles de Honduras, así como frenar los delitos de extorsión y homicidios que son ordenados por los propios reclusos, aunque tenían sus reservas porque se pretendía mezclar a miembros de Barrio 18 con integrantes de la Mara Salvatrucha. Si bien esto provocará que las células de las pandillas se debilitaran, se teme que en el interior de los centros penitenciarios haya riñas por el control del territorio.
Las autoridades aún no revelan los avances de su investigación, pero versiones extraoficiales apuntan a que la fuga de los 22 pandilleros se dio gracias a la complicidad de algunos guardias penitenciarios; la Secretaría de Seguridad ordenó activarla “alerta roja” a través de la Policía Internacional (Interpol) para buscar que estos peligrosos criminales sean buscados en toda la región de Centroamérica.
Además, el gobierno de Honduras ofrece una recompensa de 12 mil 500 dólares a las personas que den pistas o ayuden a dar con el paradero de los 22 miembros de Barrio 18 que ahora son prófugos de la justicia.
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