El gobernador de Texas, Greg Abbott, arrancó su cacería migratoria. Firmó el domingo la ley SB4, una misiva que prohíbe las ciudades santuario y que facultó a los policías para preguntarle a cualquier persona sobre su situación migratoria, además de “amenazar” a la policía local con cárcel si no “cooperaban” con el Gobierno Federal para identificar y detener al mayor número posible de indocumentados.
Desde aquel momento, desataron la furia internacional, sobretodo la de México: tan sólo un día después de la activación de la ley, que entrará en vigor el próximo primero de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, condenó al texto, pues contiene “elementos que podrían ser perjudiciales”, además, “Texas es un estado de mexicanos”.
Y aunque es una clara criminalización de los migrantes, permitida y aplaudida por el gobierno en curso, no es suficiente para los texanos a cargo: el martes, el Senado del estado aprobó un proyecto que plantea edificar “cárceles” para los bebés de los inmigrantes y dar licencia a centros de detención dedicados a infantes, jaulas para menores de edad.
La llamada Ley Senatorial 1018 permitiría a las penitenciarias “omitir todas las estrictas regulaciones” que otras dependencias gubernamentales que están al cuidado de infantes deben seguir rigurosamente. Los medios locales, no obstante, las han definido como lo que en realidad son:”cárceles para bebés”.
La misiva permitiría al Departamento de Servicios Familiares y de Protección decidir sobre las normas a seguir, además de definir los modelos bajo los que operarían los nuevos centros de reclusión. Asimismo, se encargaría de entregar las licencias necesarias para que puedan albergar a los niños.
De acuerdo a Sin Embargo, este nuevo plan fue propuesto por el republicano Bryan Hughes y que fue redactado por GEO Group, una empresa que ha recibido beneficios de la administración de Trump y que además es la segunda corporación de prisión con fines de lucro más grande de Estados Unidos, “una de las más beneficiadas con las políticas migratorias”.
Aunque el proyecto todavía necesita ser aprobado en la Cámara de Representantes, la sola sugerencia de un modelo de detención de ese tipo atenta contra los derechos fundamentales de la población migrante, además de que podría poner en riesgo a los menores de edad, quienes deberían estar protegidos en cualquier momento, bajo cualquier situación.
Además de la negativa del gobierno mexicano, Sin Embargo revela que varias organizaciones que luchan por los derechos humanos en EUA pretenden interponer demandas contra Texas por sus leyes, entre las que se incluye a la que eliminó las facultades de las ciudades santuario. Es absurdo que puedan obligarlas a cooperar con el Gobierno Federal para detener a más inmigrantes.
Por su parte, la consejera delegada de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Humanos y Civiles, Vanita Gupta, considera que es una ley que va en contra de “nuestros principios como nación y que promueve el miedo entre, no únicamente los indocumentados, sino todas aquellas personas que tengan un color o acento diferente”.
Desde que Trump llegó a la presidencia, las medidas en contra de los migrantes e indocumentados se han enardecido y cada vez más estados, ya sea amenazados o voluntariamente, están dispuestos a aplicar mano firme contra las personas que no formen parte “original” de su territorio.
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